Un Camino Dividido en el Sistema Judicial

Hoy quiero abordar un tema que me intriga y que veo frecuentemente en mi práctica: cómo una sola denuncia por violencia familiar puede desdoblarse en dos causas distintas dentro del sistema judicial de Córdoba.

Imagina por un momento que alguien decide denunciar un episodio de violencia en su hogar. Lo que sigue no es un camino lineal, sino que se bifurca en dos rutas paralelas: una enfocada en proteger a las víctimas de manera inmediata y otra en investigar si hay un delito que merezca sanción. En este artículo, desglosaremos cómo funciona esto, para qué sirve cada instancia y los obstáculos que surgen, especialmente cuando hay múltiples denuncias acumuladas.

El Contexto: Un Sistema Especializado en Violencia Familiar

En Argentina, y particularmente en Córdoba, la violencia familiar se aborda bajo un marco legal que combina normativas nacionales, como la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género, con leyes provinciales como la Ley 9283 de Violencia Familiar. Estas regulaciones reconocen que este tipo de violencia no es solo un delito penal, sino también un problema social y de derechos humanos que afecta desproporcionadamente a mujeres, niños y adolescentes.

En Córdoba, el sistema judicial cuenta con dos actores clave para manejar estos casos:

1. Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género (NAVFG): Estos tribunales especializados, como las Unidades de Violencia Familiar y de Género (UD VFG), operan bajo un modelo de Tribunal de Gestión Asociada (TGA) impulsado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desde 2015, con mejoras en 2021. Su enfoque es civil o administrativo, priorizando la protección inmediata de las víctimas. Pueden dictar medidas cautelares como órdenes de restricción o exclusión del hogar, incluso sin probar un delito.
2. Fiscalías de Instrucción: Parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), algunas especializadas en violencia familiar, se encargan de la investigación penal. Siguiendo el Código Procesal Penal de Córdoba, buscan determinar si los hechos denunciados constituyen delitos (por ejemplo, lesiones o amenazas) y, de ser así, preparar el caso para un eventual juicio.

La razón de esta división radica en la naturaleza multifacética de la violencia familiar. No siempre implica un crimen que requiera cárcel; a menudo, se trata de conflictos crónicos que necesitan medidas de contención. Esta "competencia paralela" permite que ambas instancias actúen simultáneamente, aunque con objetivos distintos: el juzgado protege, la fiscalía investiga. Sin embargo, esta dualidad no siempre es tan armoniosa como parece.

El Proceso: De una Denuncia a Dos Causas Paralelas

Todo comienza con la presentación de la denuncia, que puede hacerse en una comisaría, en la Mesa de Entradas de Denuncias por Violencia Familiar y de Género (gratuita y confidencial), por teléfono (0800-888-9898), o a través de polos de la mujer y unidades judiciales móviles en Córdoba. Una vez recibida, el sistema la evalúa rápidamente.

Si se detectan indicios de violencia familiar, la denuncia se deriva a un juzgado NAVFG. Allí, un juez –frecuentemente con el apoyo de equipos interdisciplinarios como psicólogos o trabajadores sociales– organiza audiencias con las partes para escuchar versiones y dictar medidas urgentes, como prórrogas de restricciones por períodos definidos, evaluando luego si archivar o continuar las actuaciones.

Paralelamente, si los hechos sugieren un delito penal, la denuncia pasa a una fiscalía de instrucción. El fiscal inicia una investigación, intima al imputado para una indagatoria, recolecta pruebas (testigos, videos, peritajes) y, si hay mérito, formula cargos y solicita medidas como detención preventiva. Así, de una misma denuncia surgen dos expedientes: uno con un número de E.E. en el juzgado NAVFG (enfocado en protección) y otro con un SAC en la fiscalía (para acumulación de hechos penales).

¿Por qué esta bifurcación? Porque no todos los actos de violencia familiar son penalmente perseguibles. Algunos requieren mediación o protección, no sanción. Por ejemplo, una discusión con insultos podría merecer una orden de no acercamiento, mientras la fiscalía investiga si hubo "amenazas calificadas". Esta división permite una respuesta rápida desde el juzgado, mientras la fiscalía avanza en una investigación más lenta pero exhaustiva.

Sin embargo, la complejidad aumenta con denuncias previas. Si hay un historial, la fiscalía puede consolidar expedientes en un SAC unificado, pero el juzgado mantiene sus medidas activas de forma independiente. La coordinación depende de protocolos del TSJ, aunque no siempre es perfecta, lo que puede llevar a contradicciones o demoras.

Para Qué Sirve Cada Instancia

Entender el propósito de cada actor es clave para apreciar el sistema:

• Juzgados NAVFG: Su misión es preventiva y protectora. Dictan medidas cautelares –como prohibiciones de contacto o apoyo psicológico– para resguardar la integridad de las víctimas, especialmente menores o en casos de género. No buscan "culpables", sino resolver conflictos familiares. Son rápidos y flexibles, con audiencias informales que facilitan soluciones inmediatas.
• Fiscalías de Instrucción: Su rol es sancionador. Investigan delitos, reúnen evidencia y preparan casos para juicio. Si se confirma un delito, pueden derivar en condenas como probation, multas o prisión. Su enfoque es adversarial, con un proceso formal que garantiza derechos de defensa.

Esta dualidad asegura que la protección no dependa de la resolución penal, que puede demorar meses o años. Es un diseño pensado para equilibrar urgencia y justicia, aunque no siempre logra una sincronización perfecta.

Los Desafíos de la Competencia Paralela con Múltiples Denuncias

Cuando entran en juego denuncias anteriores o simultáneas, el sistema se vuelve un rompecabezas. Aquí algunos desafíos que enfrentan los operadores judiciales, de mediana a alta complejidad:

• Falta de coordinación: Puede haber decisiones contradictorias, como un juzgado que archiva por falta de riesgo mientras la fiscalía sigue investigando.
• Sobrecarga procesal: Múltiples audiencias, testigos repetidos y demoras complican la gestión. Los jueces y fiscales deben resolver competencias, definiendo quién maneja qué aspecto.
• Impacto en las partes: Las víctimas pueden sentirse revictimizadas por procesos largos; los imputados, abrumados por frentes abiertos.

En Córdoba, el TSJ ha implementado oficinas de coordinación para mitigar estos problemas, pero en la práctica, la resolución sigue siendo un desafío. Requiere abogados que sepan navegar ambos sistemas, asegurando que las medidas protectoras y las investigaciones penales avancen sin conflictos innecesarios.

Reflexión Final

La bifurcación de una denuncia por violencia familiar en dos causas paralelas –una protectora en juzgados NAVFG y otra penal en fiscalías– es un reflejo del compromiso de Córdoba con la protección y la justicia. Permite respuestas rápidas para las víctimas y una investigación exhaustiva de los delitos. Sin embargo, la acumulación de expedientes y la falta de sincronización entre instancias pueden complicar el proceso, especialmente cuando hay un historial de conflictos.